¿Podrá sobrevivir el sistema de Isapres? es la pregunta que todos se están haciendo en estos días. El panorama para estas instituciones no se ve muy auspicioso, la Ley Corta del Ejecutivo señala que las Isapres deben preparar un plan de devolución a los afiliados en un periodo de seis meses para hacer cumplir el fallo de la corte suprema que las obliga a devolver los cobros indebidos y adecuar sus planes de salud a la tabla de factores.

Al parecer la “Ley Corta” del Ejecutivo no tiene buena llegada entre los legisladores e instituciones de salud, por lo que su futuro es aún incierto.

El problema es de tal magnitud, que su colapso no sólo afecta a los tres millones de afiliados, sino que también tendría daños colaterales en las clínicas privadas, laboratorios e incluso en el sistema de salud público, que recibiría a los afiliados a ISAPRES en un sistema congestionado, con problemas de financiamiento y con largas listas de espera.

El asunto es de larga data, debido a que siempre fue percibido por sus usuarios como un sistema caro y discriminatorio, al diferenciar las primas de sus asegurados, haciendo más caro el sistema para mujeres en edad fértil y a personas con enfermedades prexistente. Si a lo anterior se agrega que en la industria existen miles de Planes de Salud y que cada ISAPRE tenía su propia tabla de factores, la imagen de ellas sólo iba empeorando.

Así las cosas, la industria nunca gozó de muy buen prestigio, lo que se ha visto agravado con el último fallo de la Corte Suprema que las afectó, donde ordena la aplicación de una nueva tabla de factores y a devolver pagos en exceso hechos por los afiliados por el precio de sus planes. El fallo de la Corte Suprema no estimó el costo económico de esta sentencia, cosa que sí hicieron las autoridades de salud, dando cuenta de la magnitud de las cifras, con lo que se han encendido las alarmas en todo el sector. En consecuencia, las ISAPRES quedan obligadas a bajar sus precios y, además, a devolver una millonaria cifra a sus afiliados. Si a esto se agrega la pérdida de 454 mil cotizantes que han emigrado al sistema público desde el año 2021, el panorama no es nada alentador.

Al parecer la industria no tiene los recursos necesarios en el corto plazo y de ser obligadas a cumplir el fallo, caerían en insolvencia, dado los resultados negativos que arrastra la industria, y no les quedaría otra opción de bajar la cortina.

El desafío que se presenta es como lograr implementar la sentencia de la Corte Suprema y dar cumplimiento al fallo sin que signifique un quiebre al sistema, que garantice la continuidad de las atenciones de los cotizantes que existen en el sistema de salud privado y asegure las devoluciones cobradas en excesos a sus afiliados por la adecuación de la tabla única de factores y  que se estiman en más de 700 mil contratos.

Llegado a este punto, tenemos a los tres poderes del estado tratando de resolver un asunto que no se ve fácil ni de pronta solución. Por ahora, todo indica que las ISAPRES permanecerán en lista de espera.

María Zulema Urzúa, académica Facultad de Ingeniería y Empresa UCSH.