Vía Revista Rosa

El neoliberalismo urbano – que no es más que la expresión de la ley de la oferta y la demanda en una ciudad – es un modelo trans localmente conectado que funciona bajo la impronta de la globalización geográfica, económica, política e institucional del sistema capitalista. Este sistema ha encontrado en las ciudades, desde fines de la década del setenta, un nicho particularmente fructífero para transformar el suelo urbano en un espacio de acumulación de riquezas especialmente en aquellas ciudades que poseen menor regulación. Es esta conexión transnacional la que permite comprender por qué, por ejemplo, la situación de calle es un problema acuciante para ciudades tan distintas como París en Francia, Santiago en Chile, o San Francisco en E.E.U.U.

Este modelo se articula en torno a un discurso masivo y poderoso que lo hace aparecer como la única alternativa al desarrollo urbano que, supuestamente, redundará en beneficio del crecimiento económico y de los habitantes urbanos, quienes, al existir más oferta, tendrían mayores posibilidades de acceso a la vivienda. Esta premisa termina siendo una falacia considerando que es el acceso y no la disponibilidad (Ferrer, 20018, Rasse et al, 2021) lo que estaría afectando a personas y hogares que buscan una vivienda, por ejemplo, en la Región Metropolitana de Santiago. Situación que, para las familias de bajos ingresos, se expresa en la proliferación de campamentos, el aumento del fenómeno del allegamiento y el subarriendo de piezas.

Junto con estas dificultades de acceso efectivo, se advierten en Santiago otros graves problemas entre los que podemos mencionar el sobre endeudamiento de las familias para adquirir una vivienda, el crecimiento exponencial de personas en situación de calle y la destrucción de barrios y tejidos sociales construidos durante décadas de historia urbana local para favorecer el desarrollo explosivo de proyectos inmobiliarios de vivienda vertical, que no redundan en beneficio del barrio ni de la ciudad. No hay mecanismos redistributivos que obliguen a los desarrolladores a compensar a los territorios donde instalan sus negocios y de cuya infraestructura profitan (porque no pusieron un peso) tales como instalaciones sanitarias y eléctricas, calles y veredas, infraestructuras de movilidad construidas por el Estado a lo largo de décadas de intervención pública. Este desarrollo inmobiliario “salvaje” no sirve a otros intereses que la acumulación de capital privado y no está en su horizonte construir o favorecer con sus diseños habitacionales y espaciales, la construcción de vecindarios.

Es en este diagnóstico – compartido entre urbanistas críticos al actual modo de desarrollo de la ciudad- donde deberíamos buscar pistas para entender, entre otros problemas, la crisis de seguridad pública que afecta a la comuna de Santiago y territorios adyacentes, aunque los medios de comunicación social insistan en responsabilizar básicamente a la migración o a la falta de recursos institucionales de vigilancia y control. La evidencia comparada nos muestra que es una ecuación peligrosa y compleja la de “menos suelo, más personas” sin condiciones sociales ni urbanas adecuadas; ecuación cuyo resultado se agrava si, además de los problemas de diseño y tamaño, agregamos el equipamiento de los inmuebles. Como lo releva Loreto Rojas (2017) para el edificio Mirador Souper de Estación Central que, con un total de 1.036 departamentos, posee sólo 4 ascensores y departamentos cuyo tamaño promedio es de 30 mts2. Como indica esta misma autora, “Habitar la verticalidad –vivir en torres de más de 30 pisos y mil departamentos- se perfila como una de las expresiones morfológicas más patentes donde se plasma la ciudad neoliberal contemporánea, un modelo considerado exitoso, la fórmula probada a replicar. Sin embargo, el dulzor del éxito financiero inmobiliario ha dejado de lado la perspectiva del habitar humano” (Rojas, 2020).

Es evidente que no se trata de simples objetos aislados. Al contrario, representan una clara opción sobre lo que debe ser el desarrollo urbano. A estas propuestas subyacen, no sólo modelos de ciudad, sino también, y fundamentalmente, de sociedad. Y eso es lo más complejo de entender y comunicar, aquello que la lógica del mercado desestima o respecto de lo cual no le interesa reflexionar al momento de construir y publicitar sus productos. Lo mismo puede ser aplicado a los comunicadores sociales de los matinales de los canales de televisión abierta, quienes se dan vueltas y vueltas durante horas en la espectacularidad de una noticia relativa a un asalto, un crimen o conflictos de convivencia entre vecinos que tienen lugar en estos espacios, sin instalar la más mínima reflexión relativa a los orígenes estructurales de estas problemáticas.

Afortunadamente, no siempre fue así lo que podría mostrar un camino a re transitar cuando los límites de estas propuestas se hagan todavía más evidentes y dramáticos. La intervención de instituciones públicas como la Corporación de Vivienda (CORVI) y la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) que funcionaron a partir de la segunda mitad del S. XX hasta 1973, inscribieron el desarrollo de sus propuestas en una lógica de proyecto urbano, como lo ejemplifican las Villas Frei y Los Presidentes, ambas construidas en los años 60 en la comuna de Ñuñoa, o la Villa Portales en la comuna de Estación Central o el Conjunto habitacional Matta Viel en la comuna de Santiago por mencionar solo algunos de los muchos proyectos habitacionales realizados en distintas ciudades del país. En todos estos ejemplos de lo que se trató fue de construir paños de ciudad, recuperando espacios obsolescentes, degradados y/o inutilizados, las áreas centrales no se densificaron para hacer negocios sino para frenar el crecimiento en extensión y crear vecindarios con espacios de circulación, comercio y áreas verdes (AUCA, 1969) todo aquello de lo que los proyectos de construcción en altura realizados especialmente en los últimos 20 años carecen.

Estas diferencias en los modos de ser y hacer ciudad tienen su origen en Chile, en las reformas urbanas del año 1979 que no sólo darán prioridad a la rentabilidad económica del suelo como principio rector en la producción urbana, sino que harán desaparecer estos organismos públicos y sus visiones de la ciudad y de la sociedad, operando casi sin contrapeso público ni ciudadano. Puede que no sea la comuna completa la que suscita el interés de los inversionistas, pero si una manzana, un paño al que se le puede sacar una importante rentabilidad económica por sus ventajas de localización. Cualquiera sea la escala, no existe en este modelo un interés por “hacer ciudad”, como lo entiende la mejor tradición urbana, sino más bien levantar objetos que no dialogan con la trama física y el entorno social preexistente.

Finalmente, junto con las dificultades mencionadas, uno de los problemas socio urbanos centrales que enfrenta nuestra ciudad, responsabilidad directa del principio de rentabilidad económica del suelo y una de las expresiones más flagrantes de desigualdad socio espacial, es que territorios que concentran población de bajos ingresos, afectados por la inseguridad y la estigmatización, alejados de las centralidades o con procesos sostenidos y avanzados de abandono y/u obsolescencia física, no pueden atraer inversión comercial y/o inmobiliaria lo que los limita enormemente en su capacidad de generar ingresos por la vía de impuestos, patentes, o permisos de distinto tipo. No pueden invertir sobre sí mismos quedando atrapados en la imposibilidad para progresar, pues, además, no cuentan con una entidad estatal como la CORMU que asuma como tarea central el mejoramiento de la materialidad urbana.

Los barrios plagados de edificios en altura del centro y del peri-centro de Santiago parecen también atrapados en un círculo vicioso, abandonados por las inmobiliarias y la normativa, responsables directos en su producción, se abren a la pregunta sobre su futuro, y fundamentalmente, sobre las mayores o menores posibilidades que este contexto les deja para construir vecindarios y con ello, comunidad humana con su consecuencia natural: más seguridad pública.

Ana María Álvarez

Investigadora – Académica Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU)