Vía Le Monde Diplomatique 

Esta carta abierta es un llamado a las universidades chilenas, tanto estatales como privadas, a hacerse parte de un proceso histórico asociado a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile de forma activa, comprometida y sostenida a lo largo del tiempo, que permita reafirmar su compromiso con la democracia, la memoria y los derechos humanos.

Al igual que un amplio conjunto de chilenas y chilenos, nos hemos conmocionado al rememorar los cruentos efectos de la persecución política impulsada por la dictadura, en especial en espacios educativos, la cual hasta el día de hoy tiene profundos efectos en la vida democrática de las instituciones de educación superior, y por ende, en la integridad psíquica de sus trabajadores, trabajadoras, y de cada uno de sus estamentos.

El paso del tiempo, los procesos judiciales contra los victimarios, y las políticas de verdad, justicia y reparación no han sido suficientes para permitir la completa recuperación de condiciones mínimas para constituir espacios seguros de educación superior, en tanto sigan albergando en sus equipos a personas que hayan ingresado y/o hayan actuado al amparo de un régimen que se valió de las peores armas, para hacer desaparecer a numerosos de sus miembros: docentes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, transformándose en cómplices activos de su persecución, detención y desaparición; dejando una huella indeleble en las comunidades educativas.

Esta herida se agudiza más aún cuando, en total impunidad, se les ha otorgado alta capacidad de decisión, o se les permite acceder a cargos de poder. Se trata de una situación que pervive al interior del Sistema Nacional de Educación Superior, y que al día de hoy continúa sembrando el temor, la desconfianza y constituye una amenaza flagrante para la integridad psíquica de quienes construimos con nuestro trabajo la universidad con un sentido auténticamente público, pluralista y democrático.

De acuerdo al marco político vigente, las universidades, y en general las instituciones educativas tienen el deber de resguardar la integridad de toda la comunidad educativa. En particular, las universidades estatales tienen el deber, por ley, de resguardar los valores democráticos (Ley 21094, Sobre universidades estatales, artículo 1), por lo que hacemos un llamado a éstas a llevar adelante un auténtico proceso de memoria y reparación, mediante una política universitaria de memoria histórica que permita la recopilación, a nivel triestamental, durante los próximos 12 meses, de toda evidencia y testimonios, con fin de esclarecer las responsabilidades individuales de quienes, olvidando cualquier principio básico de integridad humana y académica, se hicieron parte de una masacre que no puede volver a repetirse en el país, ni menos aún en espacios educativos.

Con esto, las universidades públicas podrán además, contribuir activamente al Plan Nacional de Búsqueda, el cual tiene como objetivo «esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales».

Paradójicamente, nuestro país se enfrenta a un nuevo momento de debate histórico sobre su adhesión o rechazo al legado del autoritarismo, a través de las enmiendas de constitución propuestas por los representantes del Partido Republicano, las que amenazan gravemente los derechos individuales de manifestación, pensamiento, reproducción y diversidades sexo-genéricas, tildando todos estos elementos, propios de una sociedad democrática diversa y compleja en la actualidad, como de «adoctrinamiento ideológico», poniendo especial énfasis en nuestras comunidades educativas. Con ello, el discurso autoritario, que preocupantemente ha obtenido respaldo popular para acaparar la actual propuesta de constitución, ha optado (previsiblemente) por posibilitar el silenciamiento, la invisibilización y consecuente persecución de amplios sectores de la sociedad, en una abierta provocación y amenaza a los derechos humanos, a la paz social, a la democracia y a los derechos individuales básicos de la población.

En vista todo lo anterior, consideramos un deber de las universidades del estado, y de todas las instituciones educativas que se sientan representadas por los valores democráticos y del pluralismo, de hacer valer su legítimo mandato democrático (Ley 21.094, art. 1), para garantizar las condiciones mínimas de legitimidad e integridad psíquica de cada integrante de toda comunidad educativa en nuestro país, ya que mantener el actual estado de esta situación atenta contra los principios democráticos básicos, y los derechos de cada estamento de toda comunidad educativa.

Nuestro país a la fecha cuenta con políticas de prevención de violencia en espacios educativos, en términos de acoso sexual, laboral, entre otro tipo de delitos, sin embargo, tenemos un vacío enorme, y por ende, una deuda pendiente en materia de memoria y derechos humanos, que hoy es necesario subsanar, limitando al máximo la presencia e incidencia de cómplices activos de las violaciones a los derechos humanos en instituciones educativas, antes que sea demasiado tarde.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, así como a académicos/as, estudiantes y personal administrativo, que quieran respaldar esta carta, a sumarse para hacer valer nuestra voz, en defensa de la democracia, los derechos humanos, la libertad académica y de pensamiento , la diversidad, y sobre todo, de la verdad y la memoria histórica, para hacer de nuestros espacios de educación superior un entorno seguro, íntegro y plural para seguir construyendo un Chile con memoria, ya que sin ella, tal como nos muestra la historia, nuestra democracia estará en peligro de desaparecer.

Firman por parte de la UCSH

• Lorena González Fuentes, Académica, Universidad Católica Silva Henríquez.
• Alejandra Muñoz Tapia, Académica, Universidad Católica Silva Henríquez.

Si quieres firmar esta carta, incorpora tus datos en el formulario.

https://forms.gle/SKwPbQ7FiGMh97QFA