Hace algunos días, el Ministerio de Educación señaló que el gobierno enviará un proyecto de ley para suspender la evaluación docente este año y adelantó que incluirán este tema en la mesa de trabajo de la cartera. Esto abre una valiosa oportunidad para reflexionar respecto de esta política educativa.

Desde hace casi veinte años (2003) Chile aplica una evaluación a los/as docentes que se desempeñan en el sistema escolar público. Este considera el desarrollo de un portafolio, una entrevista con un evaluador par, un informe de referencia de terceros y una autoevaluación. Con dificultad esta política ha intentado articular dos lógicas contrarias. Por una parte, la rendición de cuentas y los incentivos económicos, y, por otra, la autonomía y deliberación pedagógica. Si bien ambos enfoques pueden tener un impacto en el quehacer docente, es evidente que el sentido de dicho cambio tiene fundamentos muy disímiles. La creación de la Ley de Carrera Docente el año 2016 fortalece el accountability, ya que utiliza los resultados de una prueba de conocimientos y del portafolio para “encasillar” a los/as docentes en ciertos estadios de desarrollo profesional. Así, la evaluación docente tiene altas consecuencias, pues impacta tanto en aspectos contractuales y salariales del profesorado, como en la valoración simbólica y social que se hace de su desempeño. Esto último es lo que el cuerpo docente ha criticado como “la doble evaluación” y que acusan de generar un agobio innecesario.

Este sistema evaluativo ejemplifica el conflicto que se genera cuando una misma política busca resolver objetivos en fuerte tensión, porque finalmente es uno de ellos el que prevalece en detrimento del otro. Hoy la evaluación docente no logra contribuir a la autocrítica del profesorado y, mucho menos, a fortalecer su desarrollo profesional. El problema está no solo en su formato, que desconoce las trayectorias docentes individuales, sino en que presenta tantas exigencias que elimina cualquier posibilidad de reflexión profunda sobre la propia práctica.

En este escenario, ¿cuál es el sentido de sostener una política de evaluación docente con estas características? La evidencia pareciera indicar que el propósito es eminentemente burocrático y administrativo, es decir, organizar al profesorado en una carrera y distribuir recursos/oportunidades acordes a dicha distribución. Hoy solo se aborda este objetivo con la evaluación docente, generando un abandono del desarrollo profesional del profesorado.

La pandemia y sus consecuencias en las comunidades escolares son una oportunidad de reflexionar sobre la evaluación de los/as profesores/as. Chile tiene la oportunidad de alejarse de los sistemas de evaluación del profesorado con altas consecuencias que alteran las dinámicas escolares y que, incluso, generan paradojas similares a las que el Simce produce en las escuelas.

Es el momento de transitar hacia una evaluación docente situada, incorporando a toda la comunidad escolar dentro de un marco preestablecido de regulaciones donde los/a docentes posean importantes márgenes de acción y autonomía. Se trata de pensar un sistema que permita que el profesorado reflexione sobre su quehacer para mejorar su práctica pedagógica, pero de manera consciente y sostenida, fundada en una deliberación permanente y autónoma, no motivada desde dispositivos externos. Para esto es clave reconocer la importancia del juicio profesional docente y trabajar con este pues, tal política, operaría como un mecanismo potenciador del compromiso, la pertenencia, la autoestima y el sentimiento de autoeficacia, tal como lo señalan diversos estudios en el área. ¿Cómo llevar a cabo este proceso? Es un tema sobre el que debemos comenzar a discutir.

Investigadores CITSE César Maldonado, María Angélica Guzmán y Felipe Acuña

Vía La Tercera