(Vía El Mostrador)

El título de esta columna, probablemente, los remitió a aquella ignominiosa disquisición sobre si los indígenas tenían alma, ¿verdad? Fue una poco sutil provocación.

«Nos preocupan los derechos de los seres de todo el mundo”, sostuvo en estos días la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respondiendo al alcalde Daniel Jadue, ante la polémica surgida por el ofrecimiento realizado por el Presidente Gabriel Boric, de dar residencia y tramitar la nacionalidad a ciudadanas/os nicaragüenses que han quedado en condición de apatridia, en el marco del régimen autoritario que gobierna ese país latinoamericano. “Son derechos de los humanos”, precisó la Ministra. No podemos estar más de acuerdo con sus afirmaciones; desde organizaciones de y para migrantes, desde buena parte de la academia dedicada a los estudios migratorios, insistimos hace tiempo que los derechos humanos nos asisten en nuestra calidad de seres humanos, no de ciudadanos de un Estado determinado, como observó hace ya harto tiempo la filósofa Hannah Arendt.

Partiendo de ese supuesto, nos preguntamos entonces con qué criterio, o a partir de qué argumento, los derechos de los humanos que atraviesan las fronteras del Norte Grande chileno, esas que se quiere “resguardar” con la presencia de militares, merecen menos protección e interés, o son considerados menos legítimos por el Estado chileno.

La tramitación del decreto que regulará la Ley 21.542, de Infraestructura Crítica, avanza velozmente, delineando atribuciones de las Fuerzas Armadas para el “resguardo” de las áreas de zonas fronterizas que generan dudas mucho más que razonables respecto de en qué medida ese celoso resguardo se aplicará también a los derechos de estas personas. Se trata, es necesario recalcarlo, de personas que, en la mayoría de los casos, ingresan por pasos no habilitados porque las vías regulares para el ingreso que ha construido la nueva normativa migratoria son cada vez más restrictivas. Huyen, también en su mayoría, de condiciones de pobreza, de persecución política, de restricciones a la libertad de expresión, de violencia de género, homofóbica, transfóbica, en fin, de un amplio abanico de causas que se traducen en una falta de horizonte para sus proyectos vitales.

¿Hay alguna evidencia de que la militarización de los territorios resuelva problemas sociales como estos? ¿Es que no nos corresponde resolverlos, si es que “nos preocupan los derechos de los seres de todo el mundo”? Ciertamente, la respuesta tiene que exceder las fronteras de un Estado, como el propio proceso social al que se busca responder. Exceder las fronteras, no militarizarlas.

Por Fernanda Stang, Directora del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU).