(Vía Tercera Dosis)

Al Chile país de poetas, desarrollado, de tiburones, de rincones, de vinos, depresivo y democrático, que es lo que arroja Google al preguntar por el país, deberíamos agregar, “Chile, país de rarezas constitucionales”. Si la elección de la ex convención, en contexto de pandemia, luego de una revuelta social y un acuerdo entre partidos políticos sin precedentes, hizo de Chile un caso único en el mundo, el inapelable rechazo a la propuesta y el inmediato nuevo proceso que se implementó amerita un capítulo especial en el libro de las extravagancias en materia constitucional. La excepcionalidad del último tiempo estaría dada por la cercanía entre el proceso que ahora llamamos anterior, el de la convención, y el actual, el de los expertos y futuros consejeros.

No hay casos parecidos en la historia. Chile es el único en el mundo que registra dos procesos de reemplazo constitucional, que considera elecciones democráticas de representantes y plebiscito de salida, en menos de un año. En otros casos, como el de Egipto y el de Tailandia, por ejemplo, hubo procesos de cambio y reversión constitucional en un período de tiempo acotado, pero en contextos autoritarios, no democráticos[1]. La cercanía es relevante, pues a buenas y a primeras el proceso actual nació de la derrota del anterior, y busca alejarse lo más posible de él, como un hijo que busca alejarse lo más posible de un padre que, según juzga con la poca distancia del momento, hizo las cosas mal, o muy mal, o pésimo.

¿Hizo las cosas tan mal la convención?[2] Sí y no.

Sus fallas fueron de diseño, de resultado y de funcionamiento. Sobre el primer tipo, uno de los más importantes, está el hecho de que el plebiscito de entrada y la elección de convencionales se hicieran con voto voluntario, y el plebiscito de salida, ratificatorio, con voto obligatorio. La imagen que podían presuponer los convencionales de lo que era la ciudadanía, sobre todo cuando se sumergieron bien hondo en el mundo de las normas y discusiones constitucionales, y ya no tuvieron tiempo de salir a respirar aire allí afuera, a sus territorios, es muy distinta entre los dos momentos. Entre un país de siete millones y medio de electores, y uno de trece millones, caben varios mundos que no fueron contados en ninguna de las dos primeras elecciones y se manifestaron con fuerza, a veces con rabia (“para qué me hacen venir a perder el tiempo, dijo molesto un feriante de en un local de votación de Conchalí”) el 4 de septiembre del año pasado.

Los recientes datos de la encuesta ELSOC, del COES[3], ratifican la idea: “Si el plebiscito de salida se hubiera hecho con voto voluntario, ganaba el apruebo” dijo el investigador a cargo del estudio, Matías Bargsted[4]. Mientras que lo que el estudio llama “votantes habituales”, es decir, aquellas personas que tienen un alto sentido del deber cívico, predominaron en la elección del plebiscito de entrada y de elección de convencionales, los votantes reactivos – votantes no programáticos, que se manifiestan solo en elecciones significativas- y los no votantes- quienes desconfían de la política o no les interesa-, lo hicieron en el plebiscito de salida.

Al comienzo de su trabajo, el momento más pasional y caliente, la convención tuvo niveles moderados y altos de aprobación. No fue el espíritu de momento constituyente per se lo que hizo que fallara; fue, al contrario, cuando se volvió fome – para usar la terminología que el ministro de justicia aplicó para calificar al actual proceso[5]- , cuando se hizo rutina y se volvió distante e ilegible para las personas, que comenzó su declive. Lo curioso, y hasta cierto punto cruel, fue que cuando la convención ya había tomado un ritmo propio de funcionamiento, y el espíritu comedido de John Smok, secretario de la convención, predominaba sobre los excesos de lo que en una sesión él mismo llamó circo constituyente, cuando las y los convencionales trabajaban concentrados en bosquejar normas, estallaron los escándalos y las peleas. Estos episodios, sumado al caso Rojas Vade, amplificados por la prensa, fueron el golpe de gracia[6].

Otra de las fallas, de resultado, fue la inédita marginación de los partidos en el control de la convención. Pero ¿por qué hubiera sido bueno que los partidos políticos, una de las instituciones menos legitimadas en Chile, hubieran tenido el control del proceso? Las razones son políticas pero sobre todo teóricas: en teoría, los militantes de los partidos no se mandan solos y obedecen a decisiones colectivas, de los partidos; los partidos están acostumbrados a negociar, es decir, a renunciar a parte de los principios, con otros partidos, en agendas multidimensionales, y no en temas o dimensiones específicas; si bien las demandas de algunos de los movimientos sociales más importantes del último tiempo, como el movimiento feminista o el socio ambiental tienen alcance global y buscaron, con éxito, ser transversales en las distintas comisiones, velar por la transversalidad del enfoque no les permitió construir acuerdos con aquellos que, en principio y en principios, no estaban de acuerdo.

Por último, los partidos políticos, a diferencia de colectivos y movimientos sociales, cuentan con una máquina electoral aceitada para captar votos. La mayoría de los colectivos independientes dentro de la convención tuvo momentos en que se comportaron como partidos, en el buen sentido (disciplina y capacidad de negociación), pero hubo otros colectivos que no entraron en esa lógica y no tuvieron ni los recursos ni el tiempo para hacer que los vecinos de las personas que los habían apoyado votaran también por ellos ahora que el voto el era obligatorio[7].

Pero la convención hizo y tuvo muchas cosas buenas también. Como fue destacado a nivel internacional, consagró normas de vanguardia en materias de medioambiente, vivienda, educación, derechos reproductivos, sistema de cuidado, y aflojó, en parte, los nudos del estado subsidiario. ¿Qué valor tendría esto hoy, a ojos del nuevo proceso? Ésta es una pregunta que no deberían descartar de plano los nuevos actores del proceso. Lo más importante, lo hizo con niveles aceptables de participación, de organizaciones y expertos que han venido trabajando estos temas hace más de una década. Cierto, el pueblo organizado no es todo el pueblo, ni siquiera una parte importante, cuantitativamente hablando, pero la convención hizo ese esfuerzo por incorporar a una parte de los “de abajo”, aunque fallara en ese intento[8].

El proceso actual, a juzgar por su estructura (comité de expertos, consejo constitucional, elecciones de consejeros y plebiscito ratificatorio), corre con ventaja respecto a su vilipendiado antecesor: sus protagonistas parten con más recursos, y contarán, en teoría, con los beneficios de la disciplina partidista. Debido al acuerdo transversal que lo posibilitó, es poco probable que sea objeto de campañas masivas de desinformación, y más importante aún, cuentan, a diferencia de la convención, con los errores del padre. Pero es fácil repetir los errores del padre cuando se cree más lejos de él. El proceso actual y los futuros consejeros tienen mucho que aprender de la experiencia de la convención, y no solo negativamente; si busca distanciarse sin atender y examinar en detalle sus fallas y reconocer sus aciertos, corre el riesgo de quemar el último cartucho de la zaga constitucional, al menos en la forma en que la conocemos.

La profesora Kim Lane Sheppel llamó “Constitucionalismo aversivo”[9] al tipo de cambio constitucional que se define en directa oposición a alguna experiencia de cambio constitucional pasada o alguna experiencia vecina. Hay algo traumático que el proceso nuevo busca evitar. Casos como el japonés después de la segunda guerra mundial, el de los países de Europa del Este después de la caída del muro, o el sudafricano, son ilustrativos de este tipo de constitucionalismo. El constitucionalismo aversivo tiene eso sí un requisito especial: un consenso mayoritario sobre el objeto de la aversión. La aversión es una actitud de rechazo radical, que repulsa, no es un rechazo cualquiera; ¿equivale el 62% que votó en contra el 4 de septiembre a un rechazo radical de la convención, de su trabajo y del texto? Cuando no hay consenso en torno al nivel de rechazo, se corre el riesgo de pasar de un constitucionalismo aversivo, a uno vengativo, y ese es uno de los riesgos más grandes de que el actual proceso se transforme en una anti-convención. Una anti-convención sería un proceso constitucional hecho no pensando en el futuro, sino en ese pasado inmediatamente reciente que fue el proceso 2020-2022, con miras a alejarse lo más posible de él, como si el solo hecho de ser un proceso totalmente opuesto al anterior (serio, racional, republicano, etc.), al menos a la imagen aversiva que se ha construido de él, bastara para sacar adelante una nueva constitución, legítima y mejor que la actual.

El riesgo de que el proceso actual se convierta en una anti-convención es que pierda ya no solo la legitimidad sino el sentido: si el primer objetivo del antiguo proceso, de la convención, era cambiar la constitución del 80, un riesgo del actual es que su objetivo principal ya no sea cambiar la constitución del 80, sino cuidar que no se parezca a la propuesta del proceso anterior. Puede hacerse muchos reproches a la convención, pero en algo era coherente:  un mayoritario 2/3 quería cambiar aspectos centrales de la carta fundamental, cuestión que en este proceso, y aunque parezca absurdo o contraproducente, considerando expertos y consejo, no podríamos asegurar.

Según el psicoanalista Adam Phillips, se vengan quienes se sienten excluidos, y más aún, quienes por sentirse excluidos optan por autoexcluirse. Pensando en el proceso pasado, por el resultado y el contexto en que se dio la votación de convencionales, la derecha y parte del centro- izquierda, es decir, quienes se sintieron excluidos del proceso, tendrían razones para favorecer este tipo de constitucionalismo. Pero podría pasar que si los actores del proceso actual no logran, sino seducir, al menos interesar a la ciudadanía, sea esta la que se sienta excluida, y a la larga, se termine por autoexlcuir. Algo similar, aunque por razones distintas, sucedió en el proceso anterior. Las formas de esa revancha que se cobraría en las urnas una ciudadanía obligada a votar de nuevo por algo de lo que no se siente parte, pueden ser varias: desde aprobar un texto peor que el anterior, a rechazar, una vez más, la nueva propuesta. Los costos, en cualquier caso, serían incalculables.

Escribo esto mientras Jaime Ravinet recorre las calles de Santiago y entrega sonriente volantes con su cara y un mensaje: La experiencia correcta. Su foco será, según ha declarado, la seguridad[10]. Un candidato del partido de la gente, por su parte, interpela en una grabación que pasan por la radio a una persona imaginaria: ¿te preguntaron si querías una nueva constitución? Y pasa a ofrecer orden y paz como motivo constitucional. El partido republicano, por último, apuesta por robustecer el principio de subsidiariedad en la futura nueva constitución. La aversión al caos, a la falta de seriedad, a las pasiones y al “circo” constitucional anterior, se presentan como antónimos del orden, la paz y la seguridad, ya no del proceso, sino de la nueva propuesta, todo esto en un contexto que mezcla alta desinformación y desinterés por el actual proceso, voto obligatorio, y campañas que prometen resolver en la futura nueva constitución los problemas reales de la gente. Las promesas de orden y seguridad se vuelven así promesas de un tiempo antipolítico, como motivo de campaña en una de las elecciones políticas más importantes del último, y muy breve, tiempo.

Juan Pablo Rodríguez

Coordinador e investigador de la línea Juventud, generaciones y procesos políticos del CISJU