Vía El Mostrador

Cuando en 2004 se aprobó la Ley de divorcio Chile era uno de los pocos países en el mundo que no tenía ley que regulara esa materia. En aquel entonces el aborto era ilegal y existían algunos canales de televisión que se negaban -algunos hasta el día de hoy- a exhibir las campañas del gobierno que promovían el uso de preservativos para prevenir el SIDA.

El proyecto se discutió durante nueve años en el parlamento, con la abierta oposición de la iglesia Católica, que incluso financió anuncios televisivos en contra del proyecto. Con todo, para algunos sectores su aprobación fue considerada un hecho histórico en el país y “un gran triunfo para las mujeres más pobres de Chile”. Con los años se demostró que -contrario a los peores vaticinios- no se destruyó la institución de la familia ni se redujeron los matrimonios celebrados.  La ley vino en definitiva a transparentar una situación bastante irregular para la sociedad como era la nulidad del matrimonio, circunstancia que dejaba a la mujer, y sobre todo a los hijos, en la más absoluta indefensión económica y social. En definitiva, vino a regularizar y subsanar una problemática pública. No obliga a nadie a divorciarse, y en caso de que así ocurra cumple la función de proteger a los hijos.

La situación descrita ocurrida hace casi 20 años es muy similar con la ocurrida con la Ley de aborto en tres causales: la Ley 21.030 fue publicada el 23 de septiembre del año 2017 y pasó a regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas: si hay peligro para la vida de la mujer; si el embrión o feto padece una patología incompatible con la vida fuera del útero; y en caso de que el embarazo sea resultado de una violación. La ley no obliga a ninguna mujer a abortar y sólo viene a regular situaciones en extremo criticas para la salud y la vida de la mujer. Es decir, el Estado protege la vida de la mujer gestante evitando la concurrencia de un mayor daño físico y psicológico. Se trata entonces de una medida de política pública de salud en beneficio de todas las mujeres, especialmente las más pobres. (Decir que no se hacen abortos en Chile en tapar el sol con un dedo…).

La Ley de aborto en tres causales pone a Chile en un lugar intermedio entre la prohibición total y el aborto libre junto con otros países que en el mundo permiten interrumpir el embarazo solo en determinados supuestos. Se trata – nuevamente- de una política pública donde la voluntad de la mujer está en el centro de esta legislación, pues esta ley no obliga a ninguna mujer a abortar, ya que es cada mujer la que decide si se acoge a ella o no. Al igual que la Ley de divorcio esta ley fue producto de una discusión legislativa que duró varios años, donde participaron diferentes actores: académicos, sociedades científicas, movimientos sociales, y diversos actores políticos, entre otros.

Es muy posible que pasen varias décadas hasta que en Chile se legisle una Ley de aborto libre y que sea (así como la ley de divorcio) de los últimos países en el mundo en aprobarlo. Pero mientras eso ocurra el Estado tiene el deber de proteger la vida y la integridad de las mujeres que en casos muy extremos se ven forzadas a pasar por situaciones de absoluta indefensión. Porque eso es lo que busca la Ley de tres causales de aborto: restablecer la justicia y la dignidad de toda mujer de todo estrato social en el país. Y es de tal importancia esta política pública que no podemos darnos el lujo de retroceder como algunos sectores de derecha así lo han manifestado. Afortunadamente, una de las figuras políticas de dicho sector y la mejor evaluada por la opinión pública, Evelyn Matthei, señaló recientemente también que esta ley debe mantenerse.

Carolina Carreño Orellana

Abogada. Magíster en Derecho Constitucional. Docente Universidad Católica Silva Henríquez