Avanzar hacia la universalidad de derechos sociales implica reconocer y materializar una serie de garantías, traducidas en servicios sociales por parte del Estado hacia el conjunto de la sociedad. Ello supone una experiencia de relación con los servicios públicos no experimentada por la sociedad chilena. Pasar de diseñar políticas sociales focalizadas hacia los más pobres a políticas que garanticen derechos al conjunto de la población, supone no sólo la concepción de un nuevo tipo de Estado, sino también, un cambio cultural que nos lleve a replantearnos las formas de la solidaridad social en nuestra sociedad y el tipo de vínculos sociales en los que esta solidaridad se cimienta. La aspiración a la universalidad de derechos que pareció sostener la revuelta social del 2019, y más tarde, los anhelos contenidos en la aspiración a la redacción de una nueva constitución se apoyan en percepciones diversas y contradictorios que contienen, simultáneamente, anhelos de protección universal y la centralidad del esfuerzo individual autónomo como estrategia para lograr el bienestar. Este fenómeno, más la excesiva focalización de la protección social, serían un obstáculo para concebir la solidaridad social como un lazo fundante y universal.