TVN y las empresas públicas

Vía La Segunda

Es claro que los resultados del ejercicio de TVN en el primer semestre de 2024 han sido preocupantes, con pérdidas por $10.882 millones, un aumento del 355% respecto del mismo periodo de 2023. Lo más alarmante es que el 92% de esas pérdidas corresponde a su resultado operacional. Esto plantea preguntas sobre la eficiencia de las empresas públicas en Chile.

El Sistema de Empresas Públicas (SEP), creado en 2001, supervisa a 19 de las 28 empresas estatales, entre ellas diez puertos, dos empresas de transporte (EFE y Metro) y otras siete de servicios. Este sistema —que se encarga de fortalecer los gobiernos corporativos, planificar estratégicamente y controlar la gestión— no incluye a TVN, Codelco, Enami ni Enap.

Desde 2021 hasta diciembre de 2023, las empresas SEP aumentado sus ingresos de explotación, superando incluso las cifras prepandemia. Además, han registrado ganancias operacionales crecientes en ese periodo, lo que ha permitido aportes al fisco de más de US$100 millones anuales.

TVN no fue incorporada al SEP en 2001, entre otros argumentos, porque tenía un estatuto propio y un directorio de consenso. Sin embargo, esta estructura no ha garantizado una gestión eficiente. En 2019, la empresa solicitó al Ministerio de Hacienda la garantía del Estado para adquirir créditos, acumulando a diciembre de 2023 una deuda de MM$ 52.797. Esto la obligó, según la ley 19.847, a firmar convenios de programación con el SEP y a cumplir con metas de eficiencia y gestión. Sin embargo, en 2023, el SEP evaluó que TVN cumplió solo con un 7,91% de sus compromisos.

Este panorama ha reforzado las opiniones más críticas sobre la participación del Estado en la propiedad de empresas. Pero este tipo de conclusiones puede ser apresurado si no se consideran en profundidad los roles estratégicos de algunas de estas empresas (por ejemplo, Enap en 2004, al enfrentar la crisis de suministro de gas natural desde Argentina). El verdadero problema radica en la gestión, el control y la estructura organizacional de estas empresas, así como en sus gobiernos corporativos.

Aunque TVN resalte los desafíos que enfrentan algunas empresas públicas, no se debe concluir que el Estado deba retirarse de estos sectores sin analizar más profundamente los aspectos estratégicos y las oportunidades de mejora en la gestión y control. Es necesario aprovechar la experiencia del SEP para supervisar más empresas públicas y contribuir a mejorar la gestión. Los representantes políticos también deben velar por su buen funcionamiento: impulsar reformas que mejoren la composición y la selección de los directorios, integrando a profesionales con experiencia y trayectoria en cada sector y que aporten al negocio central. Además, es crucial garantizar la continuidad de los altos ejecutivos y directivos más allá de un solo mandato presidencial.

Alberto Amon Jadue Facultad de Ingeniería y Empresa UCSH

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