Vía Diario de Santiago

Los ajustes reiterados en los precios ha llevado a una masiva interposición de recursos de protección de los afiliados que han impedido el alza de sus planes, obligando a las isapres a usar la tabla única de factores de la superintendencia de salud.

Se suma a lo anterior, el aumento de los costos por licencias médicas, el mayor número de ellas producto de la pandemia en los tres últimos años, el atraso en el pago de las cotizaciones de salud por parte de los empleadores y la mayor tasa de desempleo, fenómenos que explican el cambio de muchos ciudadanos hacia el sistema público de salud, desencadenando en las Isapres una profunda crisis económica.

El fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre del año pasado, que valida la aplicación de la nueva tabla de factores a todos los afiliados, incluyendo los contratos suscritos con anterioridad al año 2019, significa para los actores de esta industria recibir menos ingresos, y disponer de efectivo para la devolución obligatoria de los cobros  excesivos a todos sus afiliados por la no aplicación de la tabla en al año 2020. En este adverso escenario, sus costos de operación han sobrepasado sus ingresos, lo que ha generado efectos negativos en sus estados financieros, pero sin caer aún en insolvencia.

Bajo este contexto, las isapres requieren un salvataje, considerando que se aproxima el plazo de 6 meses dado por la Corte Suprema para que la Superintendencia de Salud determine cómo se aplicará la devolución de los excedentes a sus afiliados, cifra que aún no han sido precisadas por las aseguradoras y que se estima que sería de unos mil 400 millones de dólares, por lo que se requiere a la brevedad un acuerdo entre los involucrados que resuelvan la modalidad en que se implementará este fallo, que garantice las devoluciones a los contratos que no fueron actualizados e impedir un colapso en las instituciones de salud privadas que signifique la imposibilidad de pagar sus deudas.

Pese a que existe una opinión crítica respecto a las aseguradoras privadas, fundamentalmente por los altos costos de sus planes y la falta de transparencia que han tenido en la fijación de precios, la quiebra de las aseguradoras de salud no sólo ocasionaría, un colapso del tensionado sistema público de salud, cuya sobrecarga sin duda afectaría la calidad de la atención que requieren los pacientes, sino que también significativas consecuencias económicas debido a que la quiebra de algunos prestadores de salud, incrementaría la tasa de desempleo y afectaría el crecimiento del país.

Por: María Zulema Urzúa Pérez.

Académica de la Facultad de Ingeniería y Empresa, Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH)