Vía Le Monde Diplomatique y El Desconcierto

El actual proceso constituyente de Chile se acerca a uno de sus hitos más significativos: el plebiscito de salida y frente a ese escenario, uno de los temas principales sobre los que debe informarse y pronunciarse es respecto de cómo se establece el derecho a la educación en el Texto de Nueva Constitución.

Desde hace más de una década la sociedad chilena, especialmente los jóvenes y aquellas familias que no tienen los recursos para el financiamiento de la prosecución de estudios de sus hijas e hijos, ha demandado educación gratuita y de calidad, fundamentalmente a través del fortalecimiento de la educación pública debilitada por las políticas neoliberales de la dictadura cívico militar. Por esta razón, el trabajo de la Convención Constitucional en cuanto al derecho a la educación es clave para evaluar si realmente la soberanía popular ha sido bien representada.

Considero que la educación en el Texto de Nueva Constitución se consagra en plenitud como un derecho social fundamental, puesto que se sostiene sobre bases democráticas legítimas orientadas a la conciencia ecológica y el valor de la diversidad natural y humana. Se configura así la educación como un espacio de participación y coadyuvante principal de la lucha por la defensa de los derechos humanos e indispensable para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. (Artículos 281, 282, 283, 284, 285, 286 en el texto “Consolidado normas aprobadas para la propuesta constitucional por el pleno de la Convención”, actualizado el 14.05.2022). El Sistema Nacional de Educación Pública declara principios valorados y exigidos por la sociedad en general y en particular por las comunidades escolares, entre ellos la prohibición de toda forma de lucro, educación de acceso universal, laica y gratuita, intercultural, inclusiva, pluralista y no sexista, aspectos coherentes con el anhelo de derechos sociales de la ciudadanía chilena.

Desde una perspectiva propiamente pedagógica es destacable la definición de la educación, como un proceso de desarrollo integral de las personas en sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. La consideración expresa de este último aspecto es tan relevante como necesario, más aún en condiciones sociales donde la incertidumbre mundial y nacional y los cambios políticos, culturales e incluso ambientales ocurren de manera globalizada y rápida afectando el crecimiento y salud mental de niñas, niños y jóvenes.

En términos didácticos son importantes dos declaraciones en el texto de Nueva Constitución: que la educación debe ser contextualizada, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y en segundo lugar, que tiene en el centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque abre un gran espacio socio crítico situado en las necesidades actuales de las comunidades escolares, que son cada vez más diversas y positivamente complejas.

En su configuración, el Sistema Nacional de Educación que propone el nuevo texto constitucional, garantiza la libertad de enseñanza, sostenida en el reconocimiento acabado del respeto por el interés superior y autonomía progresiva de niñas, niños y jóvenes y del rol y dignidad del quehacer pedagógico y educativo de profesores y trabajadores de la educación. A lo que se suma el derecho de las comunidades escolares a una participación vinculante en sus propios proyectos educativos. Esto sin duda es una invitación a democratizar la rigidez de las instituciones de educación en vistas de un paradigma colaborativo, equitativo y justo.

Si el próximo 4 de septiembre el resultado del plebiscito constitucional de salida aprueba una Nueva Constitución para Chile, el Estado tendrá la misión y enfrentará las tensiones que provoca migrar hacia un nuevo paradigma educativo que deja atrás las estructuras eurocéntricas, patriarcales, hegemónicas y no sistémicas que se anquilosaron en un modelo que ya no da respuesta a las demandas sociales, a la velocidad del tiempo presente y al hermoso pluralismo de las aulas escolares. Por nuestra parte, profesoras y profesores, escuelas de formación pedagógica y de mejora continua estaremos disponibles para desaprender, aprender y ser el puente de migración para la consagración plena del derecho a la educación y la justicia educativa.

Natalia Contreras Quiroz
Académica UCSH
Escuela de Educación en Historia y Geografía.
Doctoranda UMCE