(Vía Le Monde Diplomatique)

¿Recuerdan el juego de “La película se llama…”?

Escena 1, 18 de julio: la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sostiene en una declaración pública que la nueva Constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre “prohibiría echar del país a delincuentes, aunque sean muy peligrosos, si ellos piden refugio”. El periodista Daniel Matamala lo desmiente con posterioridad, con una sólida argumentación, en la sección “Chequeado” del noticiero de Chilevisión. Pero como sabemos, algo de cierto tiene el dicho según el cual “miente, miente, que algo quedará”.

Escena 2, 21 de julio: la Corte de Apelaciones de Concepción sanciona al director del Servicio Nacional de Migraciones, suspendiéndolo por 10 días, con el argumento que no respondió un recurso de protección por la tramitación de una visa temporal. Es una medida desconcertante en este momento, en que los trámites de visado se han agilizado con un gran esfuerzo del Servicio, después de que en la gestión anterior se demoraran años. El 26 de julio la Corte Suprema dejó sin efecto la medida, pues se reconoció que el recurso estaba desistido porque se había otorgado la visa en cuestión, que se encontraba retrasada desde la administración anterior.

Escena 3, 23 de julio: los alcaldes Evelyn Matthei y Germán Codina viajan a Colchane, en la frontera norte, en el marco de su campaña por el Rechazo. No hace falta explicar el lugar que ha adquirido Colchane en el imaginario chileno reciente con relación a la migración. Y en principio, nadie podría decir que una localidad de unos 1.800 habitantes pueda ser estratégica en una elección por la cantidad de votos.

Escena 4, 4 de agosto: la Ministra del Interior, Izkia Siches anuncia que el gobierno ingresará al parlamento un proyecto para modificar la ley de migraciones aprobada durante la gestión anterior, con el objetivo de facilitar el proceso de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en el país o ingresado “de manera ilegal”. La película se llama… “Crónica de un anuncio anunciado” (la redundancia es, obviamente, a propósito).

Ya nos hemos acostumbrado a que los migrantes se transformen el chivo expiatorio de todos los males: traerían pobreza, desempleo, delincuencia y, por supuesto, la peste que está en agenda, sea lepra, tuberculosis, VIH Sida, dengue, cólera, Covid-19… Sabemos también que las voces que expían en los migrantes todas las culpas sociales tienden a agudizarse en tiempos de elecciones, este plebiscito no es la excepción. Pero la importancia de lo que se juega en esta elección, este cambio de Constitución tan necesario, y tan largamente anhelado, no puede ser razón para ceder a estas presiones que azuzan sentimientos xenófobos, nacionalistas y racistas en favor del rechazo, más aún cuando esa cesión afecta los derechos de las personas.

Una falta administrativa no puede ser causal de expulsión, que lo diga una ley no significa que sea legítimo. Permítanme poner las razones con otra escena, una de las muchas que he recogido en el trabajo de campo. Johny es un migrante venezolano que conocí en una ciudad del norte de Chile. Llevaba días en un periplo por oficinas del gobierno y de organizaciones tratando de encontrar el modo de regularizar su situación. Entró irregularmente por Colchane, después de esperar por un año y medio en Venezuela que le llegara su pasaporte. Tiene allá 3 hijos que mantener, más una madre y una hermana con problemas de salud, que dependen de lo que envía para comprar medicamentos. No podía seguir esperando, así que se lanzó al camino incierto y peligroso de migrar sin papeles. Situaciones como esas son las que están detrás de las expulsiones administrativas.

La expulsabilidad es una de las causas de la existencia de ciudadanías precarias, como las de las personas migrantes. Ciudadanías a medias, que habilitan la negación de derechos, y la presencia pertinaz de vulneraciones y violencias. Estas ciudadanías precarias, que representan una de las vergüenzas inconfesas de nuestras democracias contemporáneas, no pueden ser parte de este nuevo país que se está constituyendo.

Fernanda Stang Alva
Directora Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU)