Vía El Diario Financiero 

Cada cierto tiempo nos enteremos de escándalos con contratos públicos, licitaciones, mecanismos de desvíos de recursos o controversiales designaciones de empleados. Nos hemos acostumbrado -con algo de morbo incluso-, a leer ávidamente de cuál municipalidad se trata y a qué partido es afín el alcalde, como si en esto hubiese un concurso para identificar qué sector político es más o menos corrupto. La realidad es que los únicos perjudicados son las personas que viven y trabajan en la comuna afectada, quienes producto de estas circunstancias reciben menos servicios y de menor calidad.

De acuerdo con informaciones recientemente publicadas por un centro de investigación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha querellado por casos de corrupción municipal en el 40% de las comunas de Chile y se han imputado a 32 alcaldes. Esto hace pensar que los sistemas de control internos de las municipalidades están siendo ineficaces y sobrepasados por procedimientos o actos administrativos que forman parte de mecanismos bien ideados para lisa y llanamente producir malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, o directamente cohecho, ya sea por pago de favores, adjudicaciones o a través del pago de sobreprecios en compras de bienes muebles e inmuebles.

Esto podría explicarse, en parte, porque La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N°18.695), otorga al alcalde amplias atribuciones y discrecionalidades, algunas de las cuales pueden y son delegadas en funcionarios de “confianza”, lo que dificulta una acción autónoma y eficaz de contraloría interna.

Para mejorar la gestión municipal una alternativa interesante es lo que en Estados Unidos denominan Council-Manager (consejo-administrador). De acuerdo con la International City/County Management Association (ICMA), es la forma de estructura más popular en municipios con poblaciones de 2.500 habitantes o más, y consiste en que el alcalde y el consejo -del que es miembro y lo preside-, si bien ejercen funciones como órgano de gobierno aprobando
presupuestos, dictando normas, planificando y estableciendo metas, contratan y supervisan a un profesional experto: un gerente de ciudad -independiente de alianzas políticas-, con un sistema de reclutamiento y selección transparente que dé garantías. Esta figura es distinta al administrador y/o contralor municipal, que depende exclusiva y directamente de la confianza del alcalde.

El gerente de ciudad y su equipo se encargan de toda la operación, reclutar y evaluar el personal -el realmente necesario e idóneo-, implementar la política, elaborar y gestionar los presupuestos, asesorar al consejo, etc. En otras palabras, el alcalde y el consejo juegan un rol más político con la comunidad, y un gerente es el que administra y gestiona la ciudad conforme a los lineamientos del consejo, evitando que el alcalde o concejales ejerzan negociaciones incompatibles. El gerente da cuenta a todo el consejo y puede ser despedido por éste.

Nos cuesta hacer sentir nuestros derechos como ciudadanos y contribuyentes para exigir a nuestras autoridades probidad y mayor eficiencia del gasto público. Si queremos un mejor país y más justo debemos también modernizar nuestras instituciones e institucionalidad para que esté a la altura de esos desafíos. Las municipalidades juegan un rol clave para millones de personas y requieren de un rediseño que logre mejorar la calidad de vida de los vecinos y elimine cualquier duda de corrupción.

Por Alberto Amón 

Académico de la Facultad de Ingeniería y Empresa de la Universidad Católica Silva Henríquez