(Vía Ciper Chile)

Señor director:

Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aproximadamente 5.6 millones de venezolanas/os han huido de su país producto de la crisis política-social y económica, de los cuales el 85% se concentra en América Latina y el Caribe. En este contexto, la anterior administración de nuestro país implementó una fallida y violenta política migratoria que promovió la irregularidad y los ingresos no habilitados, pavimentando el camino de la inseguridad y vulnerabilidad. El discurso fue claro: cierre de fronteras, expulsión de personas, reconducción (sin un acuerdo previo con el resto de los países fronterizos), y/o endurecimiento de requisitos para ingresar al país.

Este escenario configura la hoja de ruta del Tren de Aragua en Chile, generando una oportunidad de negocio para desplazar personas desde Venezuela con la promesa de ingresar a nuestro país para luego reclutarlas con la finalidad de obtener ganancias a través de  la vulneración y el sometimiento de los cuerpos, especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes no acompañados y expuestos al secuestro, extorsión, trata, explotación sexual y laboral en búsqueda de algo que parece muy simple, pero que hoy se les niega: protección y dignidad. ¿Desde cuándo deshumanizamos el debate del cuidado y protección de las personas a partir de su nacionalidad?.

Me permito compartir un extracto del testimonio de una mujer venezolana de 22 años que ingresó en 2018, atravesando por tierra Colombia y Ecuador, luego Perú y finalmente la frontera norte de Chile:

«Me llamaron como a las diez de la mañana de un domingo diciendo que estaban pidiendo mi cabeza, y que estaban dando 5 millones para que ellos me mataran, me dijeron por mi nombre de pila, lo cual me extrañó y me generó intriga. Sabían perfectamente dónde resido, y me dijeron que habían averiguado toda mi vida. Que no me querían perjudicar, pero para eso tenía que darles una colaboración de 2 millones de pesos. Les dije que no contaba con ese dinero, pero que me darían dos  horas de plazo para que les colaborara. Me mandaron una cuenta del banco con el rut, por lo que son personas que están de manera legal en el país, supuestamente ese dinero era para comprar municiones, así que, si colaboraba, nada malo iba a pasar. Sentí miedo, angustia y terror.»

Quienes forman parte del Tren de Aragua, reclutan y extorsionan a venezolanas/os tanto en el trayecto migratorio como en Chile, producto de la desconfianza en las autoridades o a la falta de redes de apoyo, ya sea por su situación migratoria o por la inacción de un Estado somnoliento incapaz de gestionar un conflicto en crecimiento. Negocio redondo para las bandas transnacionales de crimen organizado, y caldo de cultivo para quienes buscan asociar la migración con la inseguridad y delincuencia.

La violencia estructural y cultural (racismo, xenofobia, discriminación, acoso sexual) que permea el fenómeno migratorio en Chile finaliza con un acto de violencia directa: el auge de un círculo de poder (Tren de Aragua) dispuesto a todo con tal de conseguir dinero y más poder para replicar sus operaciones en el continente. El debate no debiera girar en la falta de mecanismos que ha implementado el Estado para proteger a los y las migrantes venezolanas que ven atropellada su integridad en manos del Tren de Aragua.

La actual administración ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en este sentido, impulsando un aumento de recursos para fortalecer capacidades frente al crimen transnacional organizado, además de gestionar la regularización migratoria estancada en el anterior gobierno. Sin embargo, falta avanzar en la conexión de una política migratoria regional que aborde de manera integral la violencia cíclica, para que no sea la misma población migrante la que, desde la resistencia, lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la falta de oportunidades. Esto sería, sin duda, un avance en la humanización del debate migratorio en Chile.

Por Matías Fouillioux.

Investigador posdoctoral en la línea migraciones

Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU)

Universidad Católica Silva Henríquez.