(Vía Emol)

Este martes, la ONG Transparencia Internacional publicó su más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Dicho estudio arrojó que desde el año 2017, la lucha contra la corrupción se ha mantenido estancada en América, mientras que Chile se mantuvo en el puesto número 27 del sondeo. Las cifras dan cuenta que, en los últimos cinco años, ningún país del continente americano registró mejoras significativas ante este problema.

María Jaraquemada, Directora Ejecutiva de Chile Transparente (Transparencia Internacional), señala que la región tiene un promedio de 43 puntos (donde 0 es muy corrupto y 100 es poco corrupto), el mismo hace cuatro años. Desde 2016, indica, 27 de los 32 países de América no muestran avances en la lucha contra la corrupción.

“Chile tiene una situación bastante mejor que la región, con cifras más similares a la de países OCDE, con 67 puntos. Sin embargo, es el mismo puntaje desde el 2017. Lejos quedan los años en que estábamos sobre los 70 puntos y liderábamos la región, hoy ese liderazgo lo ostenta Uruguay”, asegura Jaraquemada.

De acuerdo con el IPC, los países americanos calificados como menos corruptos en 2022 fueron:

• Canadá (74 pts.), Uruguay (74 pts.) y Estados Unidos (69 pts.)
• En el polo contrario se situaron Venezuela (14 pts.), Haití (17 pts.) y Nicaragua (19 pts.)

Los factores de la corrupción en Chile y Latinoamérica

Benjamín García, investigador del área Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, señala que la Red Anticorrupción Latinoamericana, liderada por dicho centro de estudios, desarrolló un indicador piloto para medir la corrupción en distintos niveles en varios países de Latinoamérica.

Ante esto, el experto afirma que los resultados de esta red han sido consistentes con los ya mencionados de Transparencia Internacional, e indica que en el caso de Chile, las cifras dan cuenta de que se necesita poner atención a la probidad a nivel municipal (como los últimos casos que se han destapado en Vitacura y otras municipalidades), además de la transparencia en la relación entre dinero y política, y a las medidas que buscan mejorar la eficiencia y profesionalismo de la gestión pública.

Germán Sanhueza, sociólogo, académico adjunto de UCSH e Inacap, y experto en economía política y sociedad, explica que la evidencia empírica y diversas investigaciones en esta área señalan denominadores comunes respecto de los países que tienen bajos niveles de corrupción, de los cuales destaca: cuentas con instituciones reguladoras y fiscalizadoras sólidas, con marcos normativos adecuados, facultades sancionadoras eficaces, sistemas de rendición de cuentas a la ciudadanía (accountability) y estructuras sociales que sancionan moralmente la corrupción con fuerza.

En esa línea, María Jaraquemada afirma que la debilidad institucional ha creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia y la inseguridad, señalando que estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía.

Además, la Directora Ejecutiva de Chile Transparente explica que en muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas. Por otro lado, señala que el aumento del populismo y autoritarismo ha llevado en algunos países a la concentración de poderes y la pérdida de independencia de entidades claves, como el sistema judicial y los tribunales.

“En Chile, si bien el panorama es distinto, la corrupción no ha estado en el centro de la agenda en los últimos años, las últimas importantes reformas se hicieron entre el 2015 y 2017 a causa de las propuestas de la Comisión Engel. Generalmente tenemos una reacción a casos de corrupción que impactan a la opinión pública, pero debemos avanzar hacia una agenda más permanente, que se adelante a los problemas y no solo reaccione, lo cual además debe ser un esfuerzo del Estado y que incluya a la sociedad civil y el sector privado”, manifiesta Jaraquemada.

Felipe Vergara, analista político de la UNAB, recalca el papel de la sensación de “cierta impunidad” como incentivo para la corrupción, argumentando que tanto en los casos Corpesca y SQM, han aparecido autoridades y figuras políticas en diversos tribunales, pero sin condenas o soluciones efectivas.

“En Latinoamérica pasa algo bastante similar y con mayor fuerza. Por un lado, los montos de corrupción son considerablemente mayores, y por otro, el riesgo asociado a que pase algo es considerablemente menor. Esas dos condiciones son las que hacen y motivan actos de esta índole delictual en el país y en Latinoamérica también”, asegura Vergara.

Medidas aplicables para el futuro

María Jaraquemada ve como una oportunidad la estrategia nacional de integridad que está trabajando el Gobierno, argumentando que esta podría ser una hoja de ruta a mediano-largo plazo, pero que debe incluir también cooperación del Estado (incluyendo al Congreso, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo de Defensa del Estado) y que también involucre a la sociedad civil y el sector privado.

Además, Jaraquemada añade que, en lo más inmediato, hay una serie de proyectos de ley que se pueden impulsar, como la integridad municipal, modernización de ChileCompra, de la ley de transparencia, hasta la protección a denunciantes. En esa línea, señala que el proceso constituyente, de ser exitoso esta vez, también sería una gran oportunidad para tener una mirada integral de la institucionalidad chilena y diseñarla de modo que haya más incentivos hacia la integridad.

Germán Sanhueza recalca la importancia de fortalecer la institucionalidad con normas eficaces y sanciones adecuadas, argumentando que así la corrupción se mantiene controlada de manera adecuada. También, señala que se debe fortalecer el sistema educativo y promover en forma estructural una cultura de rendición de cuentas de entes públicos y privados hacia la ciudadanía. “El peor escenario es que actos de corrupción no sean sancionados y/o que la sociedad vaya naturalizando la corrupción”, afirma.

El académico añade que los avances en materia de transparencia Activa y Pasiva en Chile deben seguir fortaleciéndose como política pública de Estado.

“La contingencia nacional nos viene mostrando, desde ya hace algún tiempo, que Chile no es inmune al fenómeno de la corrupción como lo creímos durante algunos años. Los conflictos de interés, la falta a la ética y a la probidad y en algunos casos, derechamente la presencia de actos de corrupción, siguen estando presentes al interior de la Administración Pública, como es el caso de más de la mitad de las municipalidades con procesos judiciales con escándalos que han remecido el país, pero también en el mundo privado”, expresa el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.