(Vía El Desconcierto)

Uno de los principales resultados de los procesos vividos en el país las últimas cuatro décadas tiene que ver con el cotidiano y la vida social de los chilenos y chilenas, su subjetividad en la vida diaria y la construcción de sociedad. Lo esencial parece ser la ausencia de un proyecto colectivo en el horizonte de las personas, pero no solo eso, sino que la ausencia de dicho proyecto como algo relevante o incluso necesario para encaminar la vida presente y la futura de los que vendrán.

Las personas viven su vida resguardando niveles mínimos de bienestar, o más bien, protegiéndose de niveles máximos de malestar, pensando en sí mismas y en sus familias. ¿Hay algo más allá del individuo y la familia propia? ¿Existe eso del proyecto colectivo como sociedad? Hoy, muchas cosas indican que de eso hay poco. 

Se habló en los 90 del reemplazo de las plazas por los mall, de la transformación de los ciudadanos en consumidores “credit-card”, de la existencia de una brecha entre los avances macro (cifras de la macroeconomía, desarrollo de la democracia formal, reducción estadística de la pobreza) y la subjetividad de los individuos, frágiles y vulnerables ante un entorno percibido como hostil. También se habló de una despolitización y de una atomización social, donde era mejor no meterse en política y salir adelante cada uno por su cuenta.

En los 2000 parecía que el malestar se transmutaba en politización, en preocupación por “el otro”, en deseos de comunidad y de colectivo. Grandes movilizaciones y movimientos sociales con demandas colectivas se desplegaron y nos hicieron pensar más allá de nuestro núcleo íntimo. Educación, medioambiente, pensiones, derechos de las mujeres, se levantaban como expresión de una necesidad de avanzar como colectivo social hacia mayor justicia, igualdad y bienestar.

Sin embargo, lo visible era el impulso de activistas y personas con algo así como una vocación por lo colectivo, en quienes se cristaliza esa epifanía clave de entender que la biografía propia tiene que ver con la dinámica social más amplia y con la historia de dicha sociedad, y no solo con la cantidad de esfuerzo o empeño que le pueda poner a la vida, o a la suerte que me haya tocado. ¿Qué pasa en las subjetividades de quienes no se movilizan en las calles, que no son activistas de nada más que de sí mismos y de sus familias?

Más que culpables o víctimas de sus destinos, parecen ser los legítimos actores del modelo de sociedad que se ha construido, algo así como un mercado en el cual hay que proteger lo mínimo que se tiene (porque nadie más lo protegerá) y tratar de ganar lo que se pueda (porque nadie te lo dará). No aparece mucha comunidad, sociedad ni Estado más allá.

El Estado, especialmente en su actuación con los sectores más vulnerabilizados, ha pecado de verticalidad, abandono y violencia. Sus prestaciones y servicios son esenciales, pero no siempre hay una oferta pública de calidad en la expresión del ejercicio de derechos. Muchas veces llega tarde, llega con poco, llega mediada por el mercado, o llega usando la fuerza para desalojar campamentos, reprimir, allanar o avalar empresas extractivistas. Para muchos, no existe la experiencia vivida de un tal Estado social, protector. Y cuando existe, se aprecia como un favor, un “beneficio”, no un derecho.

La politización de la década pasada alcanzó a una parte de la población, pero la idea de pueblo, de proyecto colectivo, de comunidad nacional, ha sido esquiva, tanto para la población como para las élites dirigentes.  

La irritabilidad de la vida diaria se experimenta individualmente y el rascarse con las propias uñas se transforma en garras para defender a la familia. La brecha entre ricos y pobres parece vivirse menos problemáticamente que la brecha entre clase política y ciudadano de a pie. Los políticos son vistos con desconfianza, sean del color que sean, y la lucha diaria por la vida propia, precarizada y vulnerable, es tarea suficientemente ardua como para cambiar de foco. 

El cotidiano no cambia por decreto, ni las inseguridades legítimas se vuelven confianza tan solo porque quede escrito. Se necesita acción, políticas públicas pertinentes y eficaces, que demuestren que la vida propia puede ser mejor gracias a algo colectivo. No todo es ignorancia y miedo, hay también una búsqueda de bienestar que debe proveerse y promoverse de modo colectivo.

La nueva Constitución fue y es un marco necesario para avanzar hacia un horizonte deseado ideal, hacia una sociedad justa y cohesionada, pero requiere conectarse con los individuos que viven su vida en la cancha que se ha construido para ello, que temen los abusos y los engaños porque los han sufrido, que desconfían de las “instituciones de la República”, porque pocas veces los han favorecido.

Hoy, más que nunca, parece necesario tener un proyecto colectivo que nos anuncie que las cosas sí pueden ser diferentes, que construya un puente por el que camine la esperanza, no ilusiones, no sueños, sino que islotes concretos de certeza sobre los cuales caminar hacia una sociedad mejor.

Juan Fernández Labbé
Académico e investigador del CISJU de la Universidad Cardenal Silva Henríquez (UCSH).