Vía Revista ROSA

Los resultados del plebiscito del fin del 7 de mayo son categóricos, un 45% de los/as votantes eligieron al partido Republicano (de ultraderecha) para redactar la nueva constitución. Este escenario da una mayoría absoluta a la derecha en la nueva Convención. Si bien el resultado no es una completa sorpresa – las encuestas mostraban al partido Republicano bien posicionado – la magnitud de votos que obtiene este partido sí resulta sorprendente. ¿Qué pasó en estos 4 años, donde casi un 80% vota por redactar una nueva constitución para después elegir a quienes han estado siempre en contra de hacerlo? Para resolver esta pregunta es necesario revisar los últimos 15 años de movilizaciones y su traducción en el proceso constituyente.

Desde 2006, el país vive un proceso de politización donde los movimientos sociales tomaron un rol principal. Este proceso da cuenta de lo que Laclau define como “momento populista”: el resquebrajamiento de las estructuras de reproducción hegemónica que permite el surgimiento de nuevas narrativas capaces de entrar en disputa con las elites dominantes. Una articulación populista ocurre cuando a partir de una acumulación de demandas se mantienen insatisfechas por mucho tiempo da paso a la construcción de cadenas de equivalencias, desde donde emerge una identidad común y un sentido de oposición respecto a quienes perciben como los responsables de su situación. En este sentido, Laclau utiliza el término populismo no como denostación, sino que una manera específica de construir un proyecto político.

A diferencia de otros países, en Chile este proceso fue liderado por movimientos sociales los cuales fueron articulando cadenas de equivalencias entre distintas causas: pensiones, educación, equidad de género, etc. Este proceso termina estallando en octubre de 2019, un momento antagonista donde la incapacidad del sistema político para hacerse cargo de las múltiples demandas hace que el malestar explote en la calle. De esta forma se construyó una identidad común de “Pueblo” y un sentido de oposición contra la elite política y económica.

Sin embargo, esta articulación siempre fue coyuntural, suscrita al clima social y político en el cual se desenvuelve. En efecto, los momentos antagonistas son siempre cortos, mantener su ímpetu implica la construcción de un proyecto político capaz de traducir las múltiples demandas bajo una narrativa común y adaptarla a las distintas contingencias en las cuales se enfrenta. Si es que esto no se logra, el malestar no desaparece, sino que se transforma, adaptándose a las problemáticas que surgen y adhiriendo a narrativas que den curso a su sentido de oposición.

El surgimiento de la crisis migratoria, sumado al aumento de la criminalidad – amplificada por los medios de comunicación – abrieron la posibilidad para la construcción de un discurso populista conservador. Este construye una identidad común a partir de una narrativa que demoniza a la población migrante, haciéndolos/as responsables directos del aumento de los crímenes. Por más contrafactual que sea esta narrativa (las cifras indican que la participación de migrantes en crímenes es muy menor respecto a la de nacionales) ésta da curso al antagonismo que se mantiene latente, construyendo un sentido de oposición y sosteniendo una identidad.

Un primer indicio de la penetración de este discurso ocurrió en Iquique en enero de 2022, donde significantes de la revuelta (banderas chilenas negras, Whipala e incluso banderas Mapuches) aparecieron en una protesta anti-inmigrantes que incluyó escenas lamentables como la quema de ropa, carpas, e incluso coches de guaguas y juguetes. De esta forma fue posible ver el desplazamiento de la libido antagonista, adhiriéndose a otros objetivos, encontrando en el populismo conservador una identidad que la sostiene.

En este contexto, el proceso electoral fue perdiendo relevancia. Esto quedó reflejado en una moderada participación electoral. Para el plebiscito de entrada (año 2020) vota un total de 7.542.952 personas, lo que corresponde a la mitad del padrón electoral (50,9%), para la elección de convencionales la participación alcanzó a un 6.184.594 (41%), la primera vuelta electoral a 7.114.800 (47%) y la segunda vuelta electoral votaron 8.364.534 (56%). Sin embargo, el voto voluntario permitía mantenía la ilusión de interés de la población en el proyecto de nueva constitución. El 4 de septiembre de 2022 destruyó esta ilusión, donde, con voto obligatorio, un 62% rechazó la propuesta de Constitución. Si bien es cierto que estos resultados tienen que ver en parte con una negativa cobertura que los medios de comunicación tuvieron de la Convención, también es cierto que ésta no logró mantener la energía que se expresó en la revuelta.

En este contexto, el gobierno de Boric – depositario de gran parte de las esperanzas de los sectores progresistas – ha mostrado un accionar errático, desligándose de las demandas que surgieron durante la revuelta para abrazar la máxima concertacionista de la gobernabilidad. Por otro lado, no ha sabido salir de la agenda de securitización, sirviendo de comparsa a la narrativa populista conservadora. Un ejemplo claro de ello es la ley Nain-Retamal, la cual ha blindado a Carabineros y validado las violaciones de DD.HH. de sus funcionarios en el contexto de las protestas de octubre de 2019.

El triunfo del partido Republicano en las elecciones del 7 de mayo ha sido en gran parte producto de su efectividad en construir una narrativa capaz de dar curso a los malestares que se mantienen en el Chile neoliberal. Al igual que otros populismos conservadores, ha sido eficaz en criminalizar a los/as migrantes, apuntándolos como los principales responsables de una crisis de seguridad que ha sido en muchos sentidos exagerada por los medios de comunicación. Este triunfo se ha fraguado a partir de la incompetencia de la izquierda para construir liderazgos políticos que adapten las demandas de la revuelta a nuevas coyunturas.

Ahora bien, el desafío que tiene la derecha no es menor. Deberán participar de la elaboración de una propuesta Constitucional, lo cual requiere salir de su narrativa de criminalización a una propositiva. Durante las sesiones del Consejo deberán discutir temáticas como los derechos reproductivos, separación entre Estado e Iglesia y derechos sociales, donde quedarán al desnudo sus posiciones ultraconservadoras.

Dr. Nicolás Ortiz

Investigador postdoctoral CISJU-UCSH